Columna de opinión de Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, en la Revista Semana:
Bogotá, 24 de agosto de 2026 (@SomosRegionMBC). Desde las 7:34 a. m. del pasado 10 de agosto, los colombianos demostramos una vez más que, a pesar de nuestras diferencias culturales, socioeconómicas, educativas, religiosas e incluso políticas, podemos unirnos, articular esfuerzos y contribuir en terreno o desde la distancia para apoyar a quienes nos necesitan; en este caso, a los damnificados del terremoto que tuvo epicentro en Chocó, pero que afectó a por lo menos 470 municipios de 15 departamentos.
En la Región Metropolitana nos sumamos a este movimiento solidario nacional e internacional. También reiteramos nuestras condolencias a las familias de las más de 300 personas fallecidas y enviamos un mensaje de fortaleza a las más de 4.500 heridas y 153.000 familias afectadas en distintas circunstancias.
En paralelo a esta tragedia que nos enluta, los organismos de atención de emergencias han tenido que redoblar sus capacidades para atender múltiples incendios forestales en varias regiones del país. En un balance reciente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que desde enero se han registrado por esa causa 550 casos que han afectado cerca de 1.500 hectáreas en 74 municipios, es decir, en el 63,7 % del total de poblaciones del departamento.
En esta coyuntura es necesario revisar a fondo el panorama de ocurrencia de emergencias en nuestro territorio. En la Región Metropolitana, a través del Observatorio que hace parte de la Subdirección de Planeación y con base en cifras de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el DANE, acabamos de realizar un estudio y aprovecho esta columna para revelar los resultados más contundentes.
Se trata de la “Caracterización de la Gestión del Riesgo de Desastres” que analiza en detalle cuáles y cuántas situaciones se registraron entre 2015 y 2024 en Bogotá y 20 municipios cercanos, incluidos en el hecho metropolitano de Gestión para la seguridad integral: Cajicá, Chía, Chipaque, Choachí, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, La Calera, Madrid, Mosquera, Pasca, Sibaté, Silvania, Soacha, Sopó, Tenjo, Tocancipá, Ubaque y Zipaquirá.
Las estadísticas hablan. En ese periodo se identificaron 1.985 registros de emergencias y una afectación humana consolidada de cerca de 30.000 reportes (fallecidos, heridos, desaparecidos y damnificados). La señal más fuerte está en el fuego: la mayor parte correspondió a incendios de vegetación con 785 (39,5 % del total), dentro de los que figuran incendios forestales que se propagan por zonas boscosas, generan daños en al menos 5.000 metros cuadrados y son ocasionados en un 95 % por el ser humano. Han sido 5.346 hectáreas las que han sufrido esta situación lamentable en la mayoría de los territorios analizados.
En segundo lugar aparecen los incendios estructurales, con 301 casos (especialmente en Bogotá, Cajicá, Chía, Funza y Mosquera), seguidos de inundaciones con 252 (particularmente en Sopó), movimientos en masa, como caída de rocas, derrumbes y deslizamientos de tierra con 228 (alta incidencia en La Calera) y vendavales con 98 emergencias.
En cuanto a la frecuencia, los incendios de vegetación se presentaron con mayor intensidad en enero (187 registros), febrero (163) y septiembre (101); las inundaciones tuvieron mayor recurrencia en noviembre, octubre y septiembre, mientras que los movimientos en masa se concentraron en octubre y noviembre.
Por otra parte, en referencia al total de emergencias por todas las causas, Bogotá, con 612; Soacha, con 263; y Fusagasugá, con 133, tuvieron el mayor número, equivalente al 51,3 % de los registros. No obstante, cuando incorporamos variables como la población, el mapa cambia radicalmente.
Choachí pasa a encabezar el listado con una tasa anual de 102,4 eventos por cada 100 mil habitantes, seguido de Ubaque (97,6) y Chipaque (62). La capital del país alcanza apenas el 0,80.
Esto no es una contradicción; el volumen nos muestra la carga de emergencias que atiende cada municipio, mientras que la tasa permite identificar territorios cuya recurrencia merece una mirada diferenciada.
Bogotá también está al frente del registro de personas afectadas con 13.577 reportes, seguida de Soacha (4.598), Fusagasugá (2.664), Sibaté (2.038) y La Calera (1.057). Si lo miramos por población, la lectura vuelve a cambiar: Pasca, Sibaté, Silvania, Chipaque y La Calera son los municipios con las mayores tasas de registro por cada 100 mil habitantes.
En síntesis, los datos no pueden advertirnos cuándo ocurrirá la próxima emergencia, pero sí tienen algo que decirnos sobre lo que debemos hacer antes de que pase.
Eventos como los sismos (que no podemos predecir), el fenómeno de El Niño (abordado en mi columna anterior: “El Niño se despertó y ya se sienten sus pasos”) y otros riesgos relacionados con decisiones humanas, como los incendios causados por manos irresponsables o criminales, exigen que la gestión del riesgo de desastres esté entre las prioridades nacionales, departamentales y regionales.
Se han evidenciado grandes esfuerzos, pero es fundamental fortalecer este aspecto en los planes de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento territorial.
Recordemos, por ejemplo, que un estudio de huella urbana realizado por la Región Metropolitana, como un insumo clave del plan estratégico PLANEO, estableció que si seguimos creciendo sin un control estricto, como lo hemos hecho en los últimos 30 años en la capital del país y 35 municipios vecinos, en el 2050 podríamos experimentar una expansión de 105 % de la ocupación en suelos de protección ambiental, respecto de 2024. Es más, si no hacemos nada, el crecimiento en zonas protegidas desde 1997 hasta 2050 equivaldría al tamaño de una Bogotá urbanizada. Y eso sería muy grave.
Hay que decir que muchas de las emergencias reseñadas son atendidas por organismos especializados en este tipo de eventos, y en muchas ocasiones son parte de los cuerpos de seguridad, lo cual va en detrimento de la misma seguridad integral, contemplada en el mencionado hecho metropolitano de esta entidad.
Además, las emergencias no entienden sobre límites territoriales o administrativos. Un incendio puede afectar las fuentes de agua para la región; una avalancha, el cierre de vías; una inundación, la movilidad y el abastecimiento. La lista es extensa cuando hablamos de relaciones funcionales.
El análisis de más de 10 años muestra por qué ordenar mejor el territorio, fortalecer la capacidad de respuesta y asumir responsabilidades compartidas entre autoridades, empresas, entidades y ciudadanos es una tarea que empieza antes de que la tragedia toque la puerta.
No podemos seguir gestionando el riesgo como si cada municipio fuera una isla. Por el contrario, debe ser un criterio transversal de la planeación regional.
El desafío, por lo tanto, no consiste en adivinar el futuro, sino en construir soluciones con bases prospectivas que eviten o mitiguen el impacto de eventos catastróficos. En pocas palabras, la anticipación, el cuidado, la articulación y las mejores decisiones nos permitirán estar mejor preparados antes de que suenen las próximas sirenas.
“Juntos llegamos más lejos”.
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